PARADIGMA DE VIVIENDA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Gráfico 1. Esquema cómico de la vivienda social. Elaboración propia.
En la actualidad, América Latina y el Caribe se enfrentan a un crecimiento poblacional que ronda los 6 millones por año, lo que es un registro desacelerado si se le compara con el período 1985-1990, en el que alcanzó los 8.2 millones.
De acuerdo con CEPAL, -para el año 2058- la población llegará a su punto máximo con una estimación de 767.5 millones, y comenzará su descenso con un estimado de un millón por año; sin embargo, este panorama no es simultáneo, ya que dentro de las estimaciones de CELADE (División de Población de la CEPAL. Revisión 2019 y Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2019). World Population Prospects, 2019, edición online), mientras Cuba empieza a descender su población en el período de 2020-2025, Guatemala y Panamá lo harían entre 2090-2095.
Esta dinámica demográfica no solo impacta el crecimiento poblacional, sino que, a su vez, conlleva grandes cambios en la estructura por edades, ya que -según CELADE- la esperanza de vida es de 75.2 años, lo cual implica un envejecimiento de la población que para el 2050 estaría conformada por el 20% de personas mayores de 65 años, porcentaje similar al segmento de menores de 15 años, edades consideradas como población dependiente; en consecuencia, la población en edad de trabajar presentaría un porcentaje aproximado de 60%; no obstante, para el 2100 este esquema presentaría algunos cambios, ya que se estima que la población en edad de trabajar descendería a un alarmante 50%, debido a que la población mayor de 65 años aumentaría al 30%. Es importante mencionar que este aumento se debe a una disminución de la tasa de fecundidad en mujeres, y a un aumento en la edad media para la fecundación, la cual pasará de 27 a 30.1 años, para el 2100.
Por otra parte, América Latina y el Caribe han mantenido una presencia constante de migración, sustentada en precedentes como la colonización y la independencia, las cuales han supuesto una problemática a la dinámica poblacional, pues en la actualidad no se cuenta con disponibilidad de estudios que presenten datos sobre patrones, flujos y características de esta población, por lo que en el contexto figura como un desafío el dar respuesta al control migratorio, considerado como una problemática latente, pues en el imaginario de la persona migrante supone que puede asimilarse con su familia en condiciones laborales y sociales más ventajosas que en su país de origen. De acuerdo con (Aruj, 2008), esto puede incrementar la competencia laboral, el surgimiento de nuevos bolsones de pobreza, aumentar la discriminación y la xenofobia, además de perjudicar la dinámica laboral, pues estos empleos serían cubiertos por población emigrante, con la característica de disminución de sus salarios, generando con ello una brecha socioeconómica. (CEPAL 2015-Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), Panorama Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago. (2016a), Panorama Social de América Latina, 2015 (LC/G.2691-P), Santiago. Recuperado de (Naciones unidas, CEPAL, 2017)).
Consideradas las dinámicas poblacionales mencionadas anteriormente, se hace evidente que el factor económico es parte importante en la gestión de los proyectos de vivienda social en América Latina y el Caribe, ya que estos deben estructurarse considerando el poder adquisitivo de la población en edad de trabajar (la fuente de sus ingresos y egresos), pues estos moldean los pilares de acción que deberán contemplar las políticas de vivienda de cada país.
La política de vivienda, ¿una respuesta al déficit habitacional?
La vivienda es considerada el huérfano actual de la política social. Entre 1960 y 1999, el mundo pasó de 3000 millones a 6000 millones de habitantes, período en el cual Latinoamérica aportó el 8%, pasó así -de 240 millones de personas en 1960- a 480 millones en 2001 (Artículo Latinoamérica: Hambre de Vivienda. Fuente (Salas Serrano , 2002)). Este crecimiento poblacional se evidenció en la zona urbana tras la expectativa de oportunidad que se presenta en el imaginario del ser humano; es así que con este panorama, el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) decide extender los programas de capacitación -enfocados en estrategias para reducir la pobreza y la provisión de educación y salud- para los funcionarios de América Latina y el Caribe, con temas como la política habitacional, esto debido a que en la actualidad demasiados gobiernos en esta región ignoran el problema habitacional, por lo que planifican su desarrollo económico y social sin dar provisión adecuada a la vivienda (Documentos de trabajo proyecto conjunto INDES – Comunidad Europea. La vivienda en América Latina. Fuente. (Gilbert , 2001)), y minimiza el rol que juega la política habitacional para mejorar el bienestar de su población.
Como consecuencia de lo anterior, América Latina y el Caribe presentan un déficit habitacional muy grande (Ver gráfico 2), ya que carecen de un número considerable de viviendas nuevas y una deficiencia física en las existentes, característica desigual bajo las condiciones de nivel socioeconómico, haciéndose más evidente en zonas rurales que en zonas urbanas, y en países con menos poder adquisitivo; sin embargo, a pesar de estas problemáticas, el panorama presenta a su vez una señal positiva, ya que la construcción informal y la autoconstrucción han empezado a tener acceso a servicios básicos, como lo son la electricidad y el alcantarillado, además de otros servicios complementarios, lo que respalda la calidad de vida.
Gráfico 2. Situación de déficit actual en países de América Latina y el Caribe, 1995. Fuente (CEPAL, 1996). Elaboración propia.
El déficit habitacional mencionado anteriormente es de un estimado de 53.7 millones de viviendas (Ver gráfico 2), de las cuales 25.7 millones tienen carencia del servicio básico de agua potable, esto representa el 29% del porcentaje total; así mismo, señala CEPAL (Hipótesis menos conservadora que la 1, ya que usa en el cálculo la razón proyectada para 1995. Fuente (CEPAL, 1996)), si se contempla que cada vivienda acoge a 4.04 personas (Ver gráfico 2), se estaría hablando de que 103.8 millones de personas están viviendo en condiciones precarias, y que 113.2 millones se encuentran sin alojamiento, en condiciones de arriendo u otra.
Si bien es cierto que los estándares físicos por los que se determina el déficit cualitativo son importantes, no tienen la misma relevancia para cada persona, ya que cuando se trata de realizar un gasto considerando el promedio de ingresos de la mayoría de la población, estos suelen priorizar la necesidad básica de alimentación.
Por otro lado, los expertos en vivienda argumentan que un albergue adecuado debe definirse en términos de los ingresos de cada familia y de su posición en el ciclo de vida; no obstante, esta es una definición que no satisface a los entes de gobierno, ya que tal definición promete a sus electores una vivienda de calidad, la cual eleva las expectativas sobre la misma e incrementa de esta forma el déficit habitacional; sin embargo, esta no es la única variante por la que pasa la vivienda en América Latina y el Caribe, ya que según (Gilbert, 2001), la mayoría de las dificultades que afligen al sector habitacional no se originan dentro del mismo, ya que estos empiezan con la extensiva pobreza en la región; esto evidencia el hecho de que la gente con menores ingresos (o pobres) viven generalmente en viviendas en malas condiciones, por lo que de acuerdo a ello se plantea la hipótesis de que si la distribución de la riqueza fuera equitativa, es decir, que la pobreza disminuyera, la situación de la vivienda supondría una mejora casi automática.
De acuerdo con lo anterior, es evidente la falencia en políticas de vivienda, pues se considera que estas suponen un respaldo legal, entendiéndose la estructura de la vivienda como un derecho constitucional apropiado por la mayoría de los países de la región; ejemplo de ello, vemos que detrás del argumento de que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna se formaliza el actuar de los entes del Estado. En países como Argentina y Ecuador prometen proporcionar beneficios sociales, incluida la vivienda, donde, además, garantizan que esta responderá a los criterios de decente y adecuada, así mismo, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Republica Dominicana prometen que proporcionarán programas de vivienda social a través de mecanismos financieros adecuados, centrándose en beneficios para los hogares con los registros de ingresos más bajos, rurales y vulnerables. En El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, el Estado utiliza el argumento: la vivienda es un bien indispensable, y promete que facilitará la construcción de vivienda y desarrollo de mecanismos financieros, con el criterio de ser más asequibles a la proporción más alta de hogares, dándole prioridad a la población con menores ingresos; así mismo, cabe resaltar que Chile no menciona la vivienda en su Constitución, por lo que el Estado no evidencia un compromiso ante la misma.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) justifica la ineficiencia de las políticas de vivienda identificadas anteriormente, señala que existen deficiencias en el mercado de esta, y que es necesario abordar, tales como el costo y acceso a créditos hipotecarios, pues la dificultad que implican las tasas altas y la informalidad de los usuarios potenciales retrasa el objetivo del Estado del derecho a la vivienda digna, decente y adecuada. En cuanto al sector público, este se resiste a la construcción de viviendas de bajo costo o Vivienda de Interés Social (VIS), pues estas suelen representar una rentabilidad más baja; en el 2010 se registró la construcción de la vivienda más económica ofrecida por este sector, la cual fue alrededor de los 24000 dólares. (Disposiciones constitucionales relativas a la vivienda en países seleccionados de América Latina, publicados en el informe Un espacio para el desarrollo, (Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe) de (BID, 2012)), sin subsidios a la construcción, lo que implica para el usuario un acceso limitado del subsidio para la obtención de vivienda nueva ofrecido por el Estado, pues para que este sea completo, la vivienda no debe superar 70 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) que equivalen alrededor de los 19000 UDS; cabe mencionar que una VIS es considerada como tal si esta no supera los 135 SMMLV que equivalen aproximadamente a 36mil UDS (Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe: Un paso más en el proceso de construcción de la vía urbana y comunitaria hacia un Pacto Social Urbano Alternativo, (AIH, 2013)), sin embargo, los subsidios para las personas que acceden a esta vivienda son limitados, pues el acceso a esta supone que la población cuenta con un nivel socioeconómico medio “entre los estratos 2-4”, que cuentan con mejores ingresos. Por otro lado, los programas que promueve el Estado, tales como el de ahorro, bono y crédito, no son situados en el contexto socioeconómico de la región, pues a la población con bajos ingresos o pobres se les dificulta el ahorro y el acceso a bonos y crédito, pues estos suelen ser denegados por múltiples variables.
Por las razones anteriormente expuestas, el BID plantea que es necesario adoptar políticas flexibles, en las que el enfoque sea facilitar y orientar a las clases media y baja, cuyos ingresos son limitados, con la finalidad de corregir los aspectos ineficientes del sistema actual; para ello, este propone que se aliente al sector privado con ventajas como la disminución en las limitaciones de expansión de la vivienda formal en urbanización, el proceso de construcción y el financiamiento para proyectos de vivienda social de menor costo, además de propender la disminución de intereses de los créditos hipotecarios, contemplando a su vez la realidad socioeconómica de los usuarios potenciales, cuyos ingresos provienen de la informalidad; en esa misma línea, este pretende mejorar la eficiencia en la implementación de los programas, gestionando el ahorro en costos de construcción, el cual será reflejado en beneficios para los usuarios; también se resaltará no solo el aspecto cuantitativo, sino también el cualitativo del déficit habitacional, respaldado por la implementación de intervenciones y reformas regulatorias que mejoren el funcionamiento del mercado de tierras, todo ello con el fin de disminuir a corto y largo plazo el déficit habitacional registrado y proyectado de los países de América Latina y el Caribe.
Según el enfoque que propone el BID para mejorar la política de vivienda, es evidente que el camino que deben trazar los entes de Estado es riguroso, y debe priorizar el porcentaje de población con más necesidades, por lo que las estrategias contempladas en una escala macro (América Latina y el Caribe) deberán contextualizarse en un contexto micro (por país) para así entenderlo.
Oferta de vivienda, ¿una respuesta a la realidad social, cultural y ambiental de América Latina y el Caribe?
Hablar de la oferta de vivienda en América Latina y el Caribe supone un reto ante la perspectiva abierta del -qué y para quién- ofrece el mercado, sin por ello centralizar la crítica solo en el sector que oferta, sino también en el ciudadano que ejerce la demanda, ya que si la lógica simple de oferta y demanda es en la que las dos tienen una relación directa, la demanda deberá estar bien estructurada bajo parámetros simples que faciliten su lectura y, por ende, su abordaje con una respuesta ante la necesidad objetiva.
Ahora bien, si entendemos que la mayoría de la población está dentro de los porcentajes de ciudadanos con déficit habitacional, entendemos la problemática del sector inmobiliario, ya que no solo se trata de exteriorizar el déficit en personas en situación de calle, sino también en aquellas cuyos ingresos son limitados y no coinciden con los requisitos para acceder a créditos hipotecarios, un panorama más allegado a nuestra realidad, porque, aunque he de suponer que si en estos momentos tienes acceso a leer en un medio digital este escrito, contarás con, al menos, un dispositivo electrónico que te permita hacerlo, por ende, asumo que tienes recursos para acceder a cierta tecnología, pero estarás de acuerdo en que un dispositivo móvil es una “inversión insignificante” comparada con lo que implica la compra de una vivienda.
Hablar de tecnología, puntualmente del teléfono móvil, un dispositivo electrónico generalizado por la sociedad actual, es buen enfoque para hacer un análogo ante nuestra responsabilidad en esta problemática, pues -cuando de comprar tecnología se trata- somos críticos en la búsqueda, vemos reseñas, comparamos marcas y tecnología y buscamos la mejor oferta y garantía del mercado, entre otros aspectos... pero si vamos a comprar vivienda, nos fiamos de la buena fe que tenga el sector inmobiliario -¿irónico no?- considerando que esta es una inversión significante que -además- nos genera una deuda por un tiempo superior a los 10 años, lo cual da otra perspectiva más cercana a la realidad sociocultural que se vive en América Latina y el Caribe, entendiendo las dos caras del sector inmobiliario, oferta y demanda, pues se resalta la necesidad clara a la hora de elegir un dispositivo, pero no de elegir una vivienda, lo cual se traduce en la oferta que generan estos dos mercados.
Por otro lado, es importante destacar que la globalización también ha jugado un papel interesante en la oferta de la vivienda, pues se generaliza un estilo de vida que es muy ajeno a la cultura latinoamericana, la cual prioriza a la familia -en su mayoría numerosa- en eventos de encuentro y socialización, una característica que se desvanece en la estructura física de la vivienda social actual proyectada para la región.
Gráfico 3. Vivienda de interés social en México. Fuente. (Arellano , 2018).
Gráfico 4. Vivienda de interés social en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Fuentes. (Duarte , 2020), (El Economista America, 2020), (Informe Construccion, 2017), (Espinoza, 2020) y (Agência Brasil, 2020).
Para ejemplificar lo expuesto anteriormente, los gráficos 3 y 4 son una respuesta clara de proyectos de vivienda social en serie, por el que apuesta el sector inmobiliario, el cual no es muy ajeno al panorama general de los países de esta región, y no está muy alejado del gráfico 1 titulado Esquema cómico de la vivienda social, sin embargo, el problema no es solo la ‘agresividad’ que proyecta la imagen al espacio público, sino la deshumanización que esta refleja, pues manifiesta una restricción en la interacción social y una disminución en la calidad de vida, además de evidenciar una desconexión del ser humano con el entorno en el que se desarrolla.
Por otra parte, si se considera el panorama de la vivienda social bajo el enfoque de sostenibilidad, esta no solo presenta falencias en los pilares social y económico, sino también en el ambiental, pues los modelos de vivienda que se proyectan en la actualidad no reconocen el lugar de emplazamiento y -por ende- no priorizan las estrategias bioclimáticas que se pueden obtener de un diagnóstico sólido del clima, el cual no solo tiene como objetivo el confort interior del usuario y su relación con el medio en el que coexiste, sino -además- el hecho de que este fluye en función de propiciar el desarrollo personal, profesional y la longevidad del ser humano, por lo que la materialidad de la vivienda debe ser un factor analizable, pues de esta no solo depende el aporte a la economía nacional, sino la salud que -en teoría- tiene una relación con el factor económico mencionado, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el síndrome del edificio enfermo como patología asociada a la mala práctica de la arquitectura, entendiéndose que esta moldea en materialidad los espacios construidos donde se desarrolla la vida humana.
Entender la vivienda desde el enfoque mencionado es un reto, sin embargo, es importante mencionarlo, pues esta problemática, si bien lleva años latente, se pudo evidenciar masivamente debido al cambio por el que pasó el mundo tras la declaración de pandemia por coronavirus, en el que la población se vio obligada a cambiar su estructura social, y a adoptar la vivienda como lugar para laborar, educar, recrear, etcétera… lo que hizo evidente con ello que la vivienda que se oferta en el mercado no responde a las necesidades básicas del ser humano, pues no se trata solo del diseño de un espacio bajo el concepto de refugio, sino de un espacio que considere el crecimiento personal y profesional, además de la calidad de vida humana, entendiendo con ello que la salud física y la salud mental pueden verse afectadas por el entorno en el que se desarrolla y, por ende, determinar su calidad de vida.
Gráfico 5. Marketing de vivienda social en Colombia.
Otro aspecto importante dentro de la oferta de la vivienda es el mercadeo con el que se comercializa, pues se vende tras los eslóganes Cumplir un sueño e Inversión rentable, sin embargo, son dos aspectos que pueden ser tema de debate (pero salen del enfoque de este articulo). Lo destacable de la mención es que pese a la ‘claridad’ sobre los créditos hipotecarios, las personas no logran dimensionar en costos lo que implica la compra de una vivienda (Ver gráfico 6), pues si bien esta puede ser un activo, genera egresos que de no ser considerados pueden representar un hueco financiero para el ciudadano que decide obtenerla, ya que el esquema de proyectos que oferta el mercado implica no solo la compra del inmueble, sino también el de mantenimiento de la zona social y seguridad (por ser fraccionamiento cerrado), además de los gastos de servicios públicos e impuesto predial, sumándose a estos, los de la alimentación y la educación. Si consideramos que la población de América Latina y el Caribe no cuenta con la educación financiera necesaria para planificar estos gastos, estamos ante otro problema que deberá estructurar el sector inmobiliario, pues los proyectos deben considerarse entendiendo las necesidades de la población objetivo.
Finalmente, es oportuno culminar este escrito con la pregunta que marcó las pautas que lo estructuraron: La vivienda social en América Latina y el Caribe, ¿es un eje estructurador de ciudades sostenibles? Esta interrogante y las respuestas que ella genere serán un aporte a la comprensión del paradigma de la vivienda y del rol que juega el mercado (en oferta y demanda), para las necesidades presentes y futuras de nuestra civilización.
Sanyern Y. Rico – García / Arquitecta especialista en bioclimática
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